domingo, 15 de noviembre de 2020

LEY CELAÁ, LA DECADENCIA EDUCATIVA

 

La educación de la juventud no es ni poco ni muy importante;

tiene una repercusión universal y absoluta.

(Aristóteles)

Como cada comienzo de legislatura, el gobierno que entra, vuelve a poner una losa en el futuro de los jóvenes. Una vez más, un grupo de burócratas decidiendo sobre el futuro de las nuevas generaciones. España no solo se enfrenta a un trance sanitario y económico, se enfrenta a una gran crisis intelectual. El mayor ejemplo se encuentra en el Congreso de los Diputados. En dicha cámara cada vez es más difícil poder presenciar una batalla de nivel.

Todo comienza con la entrada en democracia (1978) de nuestro país.

1.      Se implanta en primer lugar la LGE (Ley General de Educación) estando vigente hasta 1980.

2.      En 1980, el gobierno de Adolfo Suarez elabora la LOECE.

3.      La LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación) en 1985 a través del PSOE.

4.      Tan solo 5 años más tarde, el PSOE vuelve a crear una nueva ley, esta vez llamada LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo).

5.      En 1995, una vez más, el PSOE vuelve a la carga con la LOPEG (Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes).

6.      El PP se estrena, en este sin fin de leyes educativas, con la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación) en 2002. El gobierno de José María Aznar nunca llegó a aplicarla, fue paralizada en 2004 por Zapatero.

7.      En 2006, otra vez el PSOE trajo la LOE (Ley Orgánica de Educación), famosa por la inclusión de la asignatura de: Educación para la ciudadanía.

8.      La LOMCE, implantada por el PP en 2013, más conocida como la Ley WERT es considerada como una de las más polémicas de la democracia.

Después de siete leyes educativas, nos encontramos con una más, conocida como “Ley Celaá”. Con un comportamiento similar al resto de leyes, todas vienen para hacer una educación “fuerte”, donde los más jóvenes no tengan que marcharse fuera de sus fronteras buscando un futuro mejor. Es incomprensible y bochornoso que en 40 años de democracia hayan existido ocho leyes educativas, lo que significaría, que cada cinco años y medio se cambian dichas leyes.

No hace falta ser adivino para saber que esta nueva ley educativa no va a solucionar nada. Una vez más, una ley realizada de forma sectaria y obedeciendo criterios puramente políticos. El sindicato independiente de profesores (ANPE) denuncia la falta de diálogo y de negociación por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional en su elaboración.

Uno de los temas, que más cola ha traído, es la lengua vehicular, ya que dicha ley persigue que sean las comunidades autónomas las que puedan determinar cuál es la lengua que se va a usar en las aulas para explicar tanto materias lingüísticas como no lingüísticas. Actualmente, el castellano es acosado por independentistas en Cataluña, por lo que dicha ley abriría una autopista para poder expulsar de una vez nuestra lengua de las aulas catalanas.


La disposición cuarta de dicha ley obliga a derivar a niños con discapacidad desde donde actualmente estudian, es decir, colegios con los medios necesarios tanto logísticos como profesionales, a colegios ordinarios. El Gobierno se apoya en un informe de 2017 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidad. Dicho informe ha sido muy criticado por más de 150 asociaciones españolas, agrupadas en la plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También.

El pasado 10 de noviembre, la plataforma Más Plurales presentó 748.000 firmas que apoyan la paralización de la LOMLOE. La izquierda, desde hace ya un tiempo, tiene puesto su objetivo en los centros que segregan por sexo. Una vez más, desde el poder quieren decirnos lo que es correcto y lo que no. Por lo tanto, cualquier centro educativo que pretenda organizar su funcionamiento por segregación no recibirá ningún tipo de financiación, y a todo el que quiera construir nuevos centros con la misma metodología, no se le cederá suelo público para ello.

Con respecto a los centros concertados, quieren asfixiarlos financieramente, la LOMLOE incluye la prohibición expresa del pago de cuotas a dichos colegios a través de sus fundaciones. Por lo tanto, no sería posible pedir ningún tipo de cuota o donativo a las familias que tengan a sus hijos en dichos colegios. Un termino que eliminan es el de la “demanda social”, es decir, si aumenta la demanda de las familias, no podrán crear nuevas plazas.  

Por concluir, vemos como realmente los estados odian la libertad, estas medidas solo buscan que seamos más subsidiario, aún si cabe, de ellos. No quieren que tengamos opinión propia, nos la quieren imponer. Tal y como dije al principio, en estos momentos de crisis intelectual que nos asola, es cuando más críticos hay que ser con los gobernantes, al fin y al cabo, la mitad de nuestra renta la usan para darnos unos servicios que deberían ser de calidad y nunca partidistas. Pero ya sabéis, el político solo busca maximizar votos, nunca busca el bienestar del individuo.

                                                                                                                      Alonso Gómez Argente

 

 

1 comentario:

  1. A la mayoria de estos golfos la educacion publica les da igual. Ellos manda s sus hijos a colegios privados de 500 euros mes. El nivel de exigencia q habia en mis tiempos en los institutos .....q malo era franco

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